Se trata, además, de una elección que tendrá lugar en medio de una crisis internacional económica y social de graves proporciones, provocada por el derrumbe del sistema financiero mundial, pero agravada por las malas políticas locales del gobierno justicialista de los Kirchner, que han conducido a la parálisis de la producción, al incremento del desempleo y la pobreza, al deterioro de los bienes públicos y al desfinanciamiento del Estado. Y es, por último, una elección signada por la promoción de divisiones artificiales y violentas de la sociedad por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar para todos. Ante esta elección excepcional, la Unión Cívica Radical propone al país un programa que es, simultáneamente, un proyecto y una identidad.

Nuestro programa es, como como tantas veces predicaron nuestros históricos líderes, la Constitución Nacional, porque ella es la carta de navegación de un país, donde se reflejan los valores y principios fundamentales de un pueblo.

Proponemos respetarla fielmente como ella manda, pero también ponerla en práctica, porque la Constitución es el programa para realizar la gran promesa argentina. Como nos recordara tantas veces Raúl Alfonsín, la Constitución nos llama a constituir la unión nacional: nos pide que superemos las desigualdades sociales y territoriales, que hagamos realidad un federalismo de concertación, un federalismo fuerte e integrado. Nos convoca a afianzar la justicia: a que se haga realidad el principio de igualdad de de todos ante la ley, a que se juzgue la corrupción del poderoso y a que hasta el más humilde pueda acceder a la justicia. Nos ordena consolidar la paz interior: terminar con la violencia social y política que pone en peligro la vida en común, y también a que el estado garantice la seguridad pública, el goce pacífico de nuestros bienes, Nos incita a proveer a la defensa común: a integrarnos con nuestros socios comerciales para incrementar nuestras posibilidades de desarrollo. Nos manda promover el bienestar general: implementar políticas de salud y educación que garanticen el acceso a prestaciones de calidad por parte de todos los habitantes del país. Que todos disfruten de un mínimo nivel de vida decente. Y nos insta a asegurar los beneficios de la libertad: a proteger la diversidad de estilos de vida, opinión, expresión, raza, género y origen. En suma, una sociedad libre y plural, que respete la autonomía de cada uno.